"Ejecutar las órdenes judiciales de deshaucio es un mandato legal.
Dejar en la calle a personas sin recursos para conseguir otra vivienda es inmoral.
Impedir que se ejecute un desahucio es ilegal.
Ayudar a que unas personas sigan teniendo un techo bajo el que vivir es moral
Así pues, ¿usted qué prefiere? ¿Lo legal inmoral o lo ilegal moral?"
Fuente: Transversales
El pasado día 7 de julio, entorno a las 10.45 de la mañana un ciudadano acudió al Punto Informativo permanente que tenemos situado en la Plaza del Pueblo, solicitando ayuda para evitar el desahucio de su vivienda.
Ángel T.P. contrajo la deuda de su hipoteca con Caixa Galicia y tras varios meses sin poder hacer frente al pago de las letras y a pesar de haber conseguido reunir el dinero que el banco le pedía, éste se lo rechazó alegando que el procedimiento judicial ya estaba en proceso. Además el piso ya había sido subastando y adjudicado a la entidad financiera.
Un mes antes se le había comunicado la orden de desahucio, aunque había solicitado el aplazamiento de su ejecución no obtuvo respuesta por parte del juzgado. Por lo que un secretario judicial se personaría a las 12.30 en su domicilio (en la calle Conde Toreno 59, del barrio del Coto) donde vive con su mujer e hijos (de 10 y 19 años) desde el año 1999. La hipoteca firmada asciende a los 106.000 euros frente a los 180.000 que el banco le reclama (incluyendo intereses, costes del procedimiento judicial y algo más de 7000 euros de costes de demora).
Tras explicar su situación a los compañeros del Punto Informativo, estos se pusieron en contacto con algunos de los miembros del movimiento que, se encontraban en una concentración convocada a las 12.00 del mediodía en la Plaza Seis de Agosto contra las hipotecas “tipo suelo”. Rápidamente la noticia se difundió a través de las redes sociales y alcanzó cobertura por parte de los medios de comunicación. Conseguimos en un tiempo límite colapsar las escaleras y el portal de la vivienda de Ángel T.P. y su familia para evitar el paso de los representantes de la entidad financiera, que se personaron puntualmente a las 12.30 con la policía local.
Nos hicimos oir tras el grito “este desahucio lo vamos a parar” y les impedimos el paso. Tras una larga negociación con la policía fue esta mísma la que le comunicó a Ángel que finalmente el desahucio se aplazaría. “El tema de hoy está solucionado, se va a suspender el desahucio, aunque tu el problema lo sigues teniendo ahí. Tu gabinete de abogados debe ponerse en contacto con los de la entidad para negociar el desahucio” le comunicaba el policía.
Finalmente el desahucio fue paralizado, el primero en Asturias por el movimiento 15-M, aunque no sabemos si fue por nuestra presencia o porque finalmente Caixa Galicia decidió otorgarle el aplazamiento justo en el último momento.
Aun así, nos fuimos satisfechos por conseguir que una familia no se viese durmiendo en la calle de la noche a la mañana, dándoles la oportunidad de buscar otro alojamiento. Pues aunque la Constitución no prohíba los desahucios es anticonstitucional hacerlo sin poner a su disposición un lugar en el que vivir, pues ésta también reconoce el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada (artículo 47). Así como el artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales recoge “el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia” donde “los Estados Partes tomarán medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho” por lo que el derecho a la vivienda debe ser garantizado por el Estado.
Lore García / GT Información GTLC
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